Nota de prensa de CAS Madrid sobre la concentración del 14J


[Comunicado de prensa llegado al correo de la Asamblea de Moncloa]

Más de 400 personas se concentran frente al Ministerio de Trabajo (Madrid) para exigir que no se produzca el expolio del

Patrimonio de la Seguridad Social.

Madrid, 15 de julio de 2011

Convocada por CAS Madrid, la Plataforma Matusalén y el Grupo de Trabajo de Salud – Sol – 15 M, la tarde de ayer, 14 de julio, tuvo lugar una concentración ante el Ministerio de Trabajo (Madrid), que congregó a más de 400 personas.

Fue la primera protesta convocada en la capital del Estado contra el reciente acuerdo PSOE-CIU (que se plasmará con la próxima aprobación parlamentaria de la Ley de Reforma del Sistema de Seguridad Social –reforma del sistema de pensiones-), por el que se entregarán a las CCAA más de 600 inmuebles y equipamientos de asistencia sanitaria y de servicios sociales (hospitales, ambulatorios, ..), del patrimonio de la Seguridad Social.

Dicho patrimonio, acumulando durante décadas con el esfuerzo y las cotizaciones de lxs trabajadorxs, será ahora regalado a las CCAA quienes, al tener su propiedad, podrán venderlos o dedicarlos a un uso no sanitario.

Esas mismas CCAA que ahogadas y arruinadas en muchos casos por gastos inconfesables, acabarán en poco tiempo con nuestro patrimonio, para “hacer caja”  y poder continuar con sus negocios y su corrupción.

Así lo ha hecho público el Gobierno de Cataluña (CIU), anunciando que, una vez disponga de esas propiedades venderá a empresas privadas los 7 grandes hospitales públicos de la Comunidad por 300 o 400 millones de €, para luego “alquilarlos” para uso sanitario.

Otras de las posibilidades que se abren es su venta para fines no sanitarios. Dado el inmenso valor del suelo donde están situados muchos de estos inmuebles, podrían ser vendidos con intenciones inmobiliarias especulativas.

Los concentrados corearon, entre otras, las siguientes consignas: “manos arriba, esto es un atraco”, “fuera las empresas de la sanidad”, “PP privatiza, PSOE autoriza”, …

Mediado el acto, una delegación de los convocantes se personaron en el Ministerio de Trabajo con la intención de entregar un escrito dirigido al Ministro, con la exigencia de que se respete la titularidad del patrimonio de la Seguridad Social, manteniéndolo en manos de sus legítimos dueños, lxs trabajadorxs.

El intento fue en vano porque “en el Ministerio no quedaba ni un solo alto cargo, únicamente permanecía el conserje”.

El escrito ha sido registrado esta mañana y lo reproducimos a continuación:

AL SR. MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Madrid, 14 de julio de 2011

Teniendo conocimiento de que:

A)     El Gobierno, aprovechando la tramitación parlamentaria de la Ley de Reforma del Sistema de Seguridad Social, a instancias del Grupo Parlamentario Catalán (CIU) y, con el pretexto de cancelar una supuesta deuda de la Seguridad Social con el Estado (proveniente de préstamos concedidos durante los ejercicios 1994 a 1999, para compensar las insuficiencias de financiación del INSALUD, previas a la separación de las fuentes de financiación) pretende el traspaso de la titularidad de más de 600 inmuebles y equipamientos afectos a afines de asistencia sanitaria y de servicios sociales, del patrimonio de la Seguridad Social a la Administración General del Estado.

B)     Posteriormente, aunque de manera inmediata (según refleja literalmente la Enmienda Transaccional 368), la titularidad patrimonial de dichos inmuebles pasará a  ser  ejercida por los actuales titulares de la gestión, es decir, por las Comunidades Autónomas.

C)     En parte alguna de la redacción de dicha Enmienda Transaccional, se delimita el uso final que las CCAA puedan dar al patrimonio transferido, motivo por el cual les sería posible dedicarlo a una finalidad distinta a la de su origen o, incluso, venderlo.

Por ello, las organizaciones firmantes consideran que:

1º.- Aunque la separación efectiva de la financiación del Sistema Nacional de Salud (desvinculación presupuestaria de la Sanidad y la Seguridad Social) se produce a partir de la entrada en vigor de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, siendo a partir de ese momento financiada la Sanidad Pública, exclusivamente, vía impuestos, desde la entrada en vigor de la Ley 14/1986, General de Sanidad -artículo 1- se consagra el derecho a la atención sanitaria en base al concepto de ciudadano y no de afiliación y alta en el Sistema de Seguridad Social.

Por dicho motivo, y de manera progresiva, el Estado, a través de las sucesivas leyes de presupuestos, fue asumiendo un mayor porcentaje (y menor la Seguridad Social) de la financiación sanitaria.

No es pues nada evidente que el supuesto déficit presupuestario para asistencia sanitaria (INSALUD), desde 1994 a 1999, se le pueda atribuir a la Seguridad Social y no al propio Estado, por más que, durante años, haya venido siendo efectivo a través de la Tesorería General de la Seguridad Social que, incomprensiblemente, ha venido manteniendo el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.

2º.- Resulta absolutamente intolerable que, sin permiso de quienes han generado desde hace décadas el patrimonio de la Seguridad Social, es decir, los trabajadores y trabajadoras mediante las cuotas que les eran deducidas de sus salarios, vean enajenados sus bienes para impredecibles usos y negocios y, mientras tanto, se les diga que es necesario  endurecer sus derechos al acceso de una pensión digna, porque el Sistema de Seguridad Social “no es sostenible”.

3º.- Visto el déficit presupuestario de la mayoría de CCAA, sus múltiples y millonarias deudas e impagos, además de su “deriva” privatizadora de todo lo público, y de manera muy especial del sistema sanitario, no cabe ninguna duda de que para salir del paso, poder mantener de momento sus poco confesables gastos y “hacer caja”, cabe el enorme riesgo de que dilapiden en poco tiempo el patrimonio que a los trabajadores y trabajadoras de este país nos ha costado décadas conseguir.

Como usted bien sabe, para realizar esta afirmación no nos basamos en suposiciones, ya que el propio Gobierno catalán ha adelantado a la prensa que, una vez recibido el patrimonio sanitario, procederá, por 300 o 400 millones, a la venta y posterior alquiler para uso sanitario de los 7 grandes hospitales públicos de esa comunidad.

En otras comunidades, y desde hace años, ya se ha venido consintiendo por ese ministerio que edificios del patrimonio sean “cedidos” a empresas privadas, por supuesto con ánimo de lucro; caso de los Centros de Especialidades de Pontones y Quintana en Madrid, entregados a la multinacional Capio, para realizar negocio y repartir dividendos entre sus accionistas.

Es más, como decíamos más arriba, no parece que se acote la utilización del patrimonio por las CCAA para uso sanitario, por lo que dado el inmenso valor del suelo donde están situados muchos de estos inmuebles, podrían ser vendidos con intenciones inmobiliarias especulativas (en las que son expertas, como en ocasiones han ratificado los tribunales de justicia, numerosas Administraciones Públicas).

Por todo lo expuesto, exigimos de ese Ministro, que se respete el patrimonio de la Seguridad Social, la titularidad de sus legítimos dueños, y se mantenga a cargo del Sistema de Seguridad Social

Que se impida la realización de negocio alguno con el mismo.

Rogamos dé traslado del presente escrito al Sr. Presidente del Gobierno y a los miembros del Consejo de Ministros.

Poniéndonos a su disposición para cualquier aclaración que precise en relación con el presente escrito, le saludan atentamente.

CAS Madrid

Plataforma Matusalén

Grupo de Trabajo de Salud – Sol –15 M

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