Política educativa madrileña y estafa social


        Las recientes movilizaciones en la Enseñanza Pública madrileña están llenando las calles con una ruidosa Marea Verde: profesorado, alumnado, familias y ciudadanía en general está respondiendo masivamente a las convocatorias de concentraciones, encierros, actos, huelgas y manifestaciones frente a los recortes y en defensa de la Educación Pública.

          Marcha-manifestación interregional  22-O

 

        Esta explosión ha tenido como detonante la incendiaria circular de la Consejería de Educación para el presente curso escolar, que supone drásticos recortes de profesorado y servicios educativos en los centros públicos.

        Nada nuevo, por otra parte: las medidas se encuadran en una política de continuo desgaste, deterioro, desprestigio y privatización de lo público en general y de la Educación Pública en particular por parte de los políticos que padecemos en la Comunidad de Madrid. Así, la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, se jactaba recientemente del avance de la enseñanza privada, católica y concertada en Madrid, debido a las medidas de apoyo desde su Consejería.

Vídeo de la intervención de L Figar, en inglés, traducción en castellano debajo

          Las medidas de favorecimiento de la enseñanza privada frente a la pública vienen de lejos, pertenecen al programa oculto e ideológico del Partido Popular, que encubre esa alianza con el negocio de lo privado bajo el engaño de la “libertad de elección de centro”.

          Así, mientras a los centros públicos se les restan recursos y credibilidad desde una Administración que más parece empeñada en liquidarlos que en gestionarlos adecuadamente, se ofrece a empresas privadas suelo público para levantar centros que van a recibir los permisos y la subvención concertada incluso antes de ser construidos, así como permitir, haciendo la vista gorda, el cobro de cantidades a las familias que legalmente están prohibidas; así se matan dos pájaros de un tiro: se garantiza el negocio privado y se cierra el paso al alumnado de familias que no pueden pagar esas cantidades; la “libre elección de centro” queda para quienes pueden pagársela y son los centros públicos los que masivamente reciben al alumnado de  las familias más desfavorecidas. Una política de auténtica estafa social.

 Un vídeo que ilustra cómo se produce dicha estafa social

         Particularmente llamativa ha sido la reciente normativa aprobada por la Comunidad de Madrid (diciembre de 2010, en plena crisis, para hacerla efectiva en la declaración de la renta) atendiendo a la demanda de los colegios privados, elevando las  deducciones fiscales de 600 hasta 900 € por alumno y elevando el límite de ingresos familiares de 10.000 a 30.000 € por miembro familiar; un regalo a la privada estimado en unos 80.000.000 €, con el que se podían haber evitado los recortes educativos del presente curso.

          No es fácil descifrar qué quiere decir ese lema propagandístico que exhibe la Comunidad de Madrid como “la suma de todos”. Más bien se caracteriza por “la resta” de todos los recursos públicos posibles y su entrega a la gestión privada, “la multiplicación” de la propaganda y el autobombo o “la división” de la ciudadanía, con medidas de segregación, favoreciendo a los centros que excluyen a quien no paga cuotas prohibitivas e ilegales.

Vídeo ilustrando “la resta de alumnado público”

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Acerca de pmusifloren

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Una respuesta a Política educativa madrileña y estafa social

  1. fernando dijo:

    Aguirre esta asaltando los servicios publicos: no valora el papel de la educacion en un pais, los ricos quieren ser los unicos con derecho a educarse y los demas seremos sus esbirros. Hay que pararle los pies a esa

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