Puerta de Hierro en el Tribunal Constitucional


Martes 19 de  Junio 2012

Hoy se ha presentado ante el Tribunal Constitucional el Recurso de Amparo de una de las viviendas más emblemáticas del Poblado Puerta de Hierro. Se trata de la vivienda de Milagros Echeverría y su familia , donde 28 personas  (hijos, nietos, una sobrina y su hijo), viven actualmente, refugiadas tras los derribos sucesivos de sus viviendas.

Mila ha ejercido en los últimos meses de portavoz “de facto” en el poblado. Su voz , tranquila y tímida, pero firme, se ha dejado oír en foros internacionales. Su ánimo, su sonrisa y su generosidad acompañan a todos los que se acercan al poblado. Su caso, emblemático del conjunto de familias afectadas,  ha sido defendido por un magnífico equipo de abogados, que hasta el momento habían conseguido no sólo paralizar el derribo de su vivienda, sino sacar a la luz toda una serie de irregularidades administrativas y legales que han tenido lugar en este proceso que se inició en 2010.

El Juzgado 12 de lo contencioso-administrativo de Madrid dictó en febrero pasado la anulación de la orden de derribo promovida por Gerencia de Urbanismo contra su vivienda, hasta que no se produzca el realojo de TODOS sus ocupantes, censados todos de forma regular en el poblado.

El derribo de esta vivienda intentó ya hacerse efectivo, de forma ilegal, en la última visita de la grúa al poblado, en febrero de este año.  Fueron las propias fuerzas de seguridad, que acompañaban a Gerencia ese día, las que dieron marcha atrás al intento, al mostrarles Mila la sentencia, y comprobar que existía una orden judicial que impedía el derribo de la vivienda.

Gerencia de Urbanismo ha intentado ahora entrar en la vivienda promoviendo la acción judicial por otro Juzgado, el número 3. El jueves pasado llegó al poblado la orden, contra la que se ha recurrido solicitando el amparo del Tribunal Constitucional, y esgrimiendo la vulneración de la tutela judicial efectiva, en su vertiente de “Interdicción de toda arbitrariedad del Poder Judicial” e invocando la tutela de la seguridad jurídica de los ciudadanos (Artículos 24.1 y 9.3 de la Constitución Española).

Es decir, y para entendernos,  que los ciudadanos no podamos ser “absueltos” por un juzgado y “condenados” por otro, invocando los mismos preceptos.

Se pide además, y  como medida cautelar urgente,  la suspensión de este auto de entrada en domicilio y derribo.

La argumentación del recurso añade a este argumento de Interdicción de Arbitrariedad y seguridad jurídica, otros preceptos vulnerados:

–       La vulneración del derecho a la vivienda, garantizado en la sentencia anterior del juzgado 12, y protegido por el Art.47 de la Constitución.

–       La vulneración del derecho de igualdad ante la ley, Art.14 de la Constitución, y la clara discriminación por razón de raza o etnia.

–       Y un último motivo, sin duda el más importante, por encima de cualquier otro precepto o argumento: la vulneración del derecho a la protección de la familia y la infancia (Art.39 de la Const.). Recordemos que el poblado recurrió en su momento al Defensor del Menor de la CAM, sin obtener respuesta a su demanda de amparo.

El próximo viernes se conocerá el nombre del magistrado al que se asigna el procedimiento, y se solicitará que las medidas cautelares se hagan efectivas de forma inmediata.

Seguiremos informando.  Las accione legales del poblado no van a parar hasta conseguir su objetivo : primero, y de forma urgente, el realojo de las familias afectadas por los derribos irregulares, y en segunda instancia, el reconocimiento de sus derechos de propiedad sobre el terreno (objeto ahora de expropiación forzosa sin indemnización), y el realojo urbanístico, no social e incompleto, al que tendrían derecho, junto con el de obtener reparaciones efectivas al daño causado por el desalojo forzoso del poblado , que recordemos, ocupan desde 1961, le fue cedido en 1969, y existe ficha catastral desde 1970 a nombre de uno de sus actuales moradores.

La opacidad de la administración a este respecto es total. Los documentos del poblado están clasificados como “Código 12”. Parece el título de una serie policíaca, y tal vez no se aleje mucho de cualquier argumento de Serie B. Este código es el que se aplica a los documentos que por estar “sub iudice”, o por otras razones, no pueden ser hechos públicos. Existe una copia en poder de los abogados, pero no pueden utilizarla como argumento jurídico, al no estar compulsadas las copias por el organismo correspondiente.

Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Popular Moncloa-Debod.

Poblado Puerta de Hierro.

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